Emergencia judicial, penitenciaria y de seguridad en la Provincia ~ Tati Meckievi

1 de agosto de 2012

Emergencia judicial, penitenciaria y de seguridad en la Provincia

En la jornada de hoy presenté un Proyecto de Ley declarando la emergencia como una condición previa y necesaria para la implementación de un PROGRAMA INTEGRAL que permita articular las áreas de seguridad y penitenciarias del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.


En la Provincia de Buenos Aires, vivimos un momento crítico en lo que hace a la inseguridad de la población. La demanda de medidas de gobierno superan ampliamente a cada uno de los organismos dedicados a la atención de esta problemática. Y requieren de un programa que, a partir de un diagnóstico propio, defina prioridades y establezca una planificación acorde a los recursos que se le asignan.

Por esa razón presenté este Proyecto, en el cual propongo un Programa que tiene dos destinatarios principales:
1) Los agentes públicos que se desempeñan en las fuerzas de seguridad (policial y penitenciaria)
2) las personas en conflicto con la ley penal.

Las herramientas principales del Programa son:
  • El “FORTALECIMIENTO DE FORMACIÓN DE ESCUELAS DE POLICÍA”, que permitirá  incorporar mil agentes policiales por año en los próximos 5 años.
  • La creación del “ORGANISMO DE CONTROL DE GESTIÓN POLICIAL”, cuyo objeto será planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal con estado policial perteneciente a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia, que puedan constituir faltas administrativas, éticas y abusos funcionales graves. Dicho organismo estará integrado por un representante del Poder Ejecutivo, de la Procuración, de la Fiscalía de Estado y tres Diputados y tres Senadores de la Provincia.
  • La “CONTENCIÓN DE MINORIDAD EN RIESGO”, que incorpora la figura de la “audiencia de inserción y responsabilidad social del menor” para los casos en que se dicte sobreseimiento fundado en la inimputabilidad por razón de la minoría de edad; la misma se desarrollará bajo supervisión judicial y con la participación del Defensor, juez de garantías, Asesor de incapaces, representante del Programa y los padres tutores o responsables, analizando todas las circunstancias del menor y del hecho que dio lugar al proceso.
  • La “REINSERCIÓN SOCIAL DEL PROCESADO PENAL”, que impone (a quien se encuentre se situación de gozar de la libertad ambulatoria) la obligación de concurrir a programas pre-establecidos con contenidos educacionales básicos y a la práctica de un oficio, de una duración superior a seis meses, cuyo incumplimiento lo hará perder dicho beneficio.    
Tengo la convicción que el presente Proyecto coadyuvará a la formación de una política integral de seguridad penitenciaria judicial que dará respuesta a la situación actual. Pero que también atenderá a la humanización del tratamiento y resocialización de las personas que cumplen penas privativas de libertad.