Texto presentado en la Corte Suprema de Justicia ~ Tati Meckievi

27 de agosto de 2012

Texto presentado en la Corte Suprema de Justicia


A continuación comparto con ustedes el texto que presentamos esta mañana en conjunto los representantes de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia.

SE PRESENTAN COMO AMICUS CURIAE
Excelentísima Corte Suprema:
1. Marcelo Eduardo Díaz, con domicilio en calle Tomás Espora n° 332, Planta Baja, de la ciudad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, DNI 12.921.395, Diputado de la Provincia de Buenos Aires, 2. Walter Domingo Martello con domicilio en calle Zapiola n° 995 de la ciudad de Monte Grande, partido de Esteban Etcheverría, Provincia de Buenos Aires, DNI 16.544.341, Diputado  de la Provincia de Buenos Aires;  3. Sandra Mónica López con domicilio en calle 25 de Mayo  n°344 de la ciudad y partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, DNI 18.458.856, Diputada de la Provincia de Buenos Aires;  4. Sergio Emilio Panella con domicilio en calle 5 n°1735  de la ciudad y partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, DNI 20.012.121, Diputado de la Provincia de Buenos Aires; 5. Rodolfo Marcelo Di Pascuale con domicilio en calle Pedro de Mendoza n° 634 de la ciudad y partido de Monte Hermoso Provincia de Buenos Aires Diputado  de la Provincia de Buenos Aires;  6.- Orlando Horacio Yans; con domicilio en calle Florida  n°524  de la ciudad y partido de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, DNI 14.101.031;  Diputado de la Provincia de Buenos Aires; 7. Carlos Alberto Fernandez; con domicilio en cal
le Antonena n° 85,  de la ciudad y partido  de Tandil, Provincia de Buenos Aires, DNI 13.320.563, Senador de la Provincia de Buenos Aires,  8. Abel Eduardo Buil, DNI 16.624.604 , con domicilio en calle España 263, de la ciudad de América, partido de Rivadavia, de la Provincia de Buenos Aires Diputado de la Provincia de Buenos Aires; 9.  Santiago León Nino, con domicilio en calle Echeverría 375, de la ciudad y partido de General Rodríguez, de la Provincia de Buenos Aires, DNI 16.938.875, Senador de la Provincia de Buenos Aires; 10.  María Isabel Gainza, con domicilio en calle Lamadrid nº 2771 de la ciudad y partido de Olavaria, DNI 10.159.194, Senadora de la Provincia de Buenos Aires; 11.  Walter Héctor Carusso, con domicilio en calle Belgrano nº 3840 Piso 3º de la ciudad y partido de San Martín  de la Provincia de Buenos Aires, DNI 16.809.976, Diputado de la Provincia de Buenos Aires; 12.  Alfredo Cesar Meckievi, con domicilio en calle Vucetich nº 117 de la ciudad y partido de Dolores, Provincia de Buenos Aires, DNI 10.745.189, Senador de la Provincia de Buenos Aires;  13.  Ricardo Héctor Vazquez, con domicilio en calle Moreno 214 de la ciudad y partido de  Chascomús, Provincia de Buenos Aires, DNI 10.571.158; Senador de la Provincia de Buenos Aires;  constituyendo domicilio procesal en calle Avenida de Mayo 560, piso 1, oficina 27, de la C.A.B.A, en autos caratulados “SANTA FE, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL S/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expediente Nº 538, Tomo 45, Letra S, Tipo: Ori, L.XLV., con el patrocinio letrado de Ricardo Vazquez, Matrícula Federal de Interior T° 603; F° 773 de la C.F.A.L.P, CUIT 20-26645825-9, Legajo Previsional 26645825-4,  y de Alejandro Pereyra Tº 303 Fº 359 C.F.A.L.P., CUIT 20-17636359-3,

ante esta Corte Suprema de Justicia nos presentamos y respetuosamente decimos:

I.- OBJETO
Solicitamos a V.E. por medio de esta presentación ser tenidos como Amicus Curiae para someter a la consideración de este Tribunal algunos argumentos de hecho y derecho respecto del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales", celebrado en la Ciudad de Buenos Aires con fecha 12 de agosto de 1992, su vigencia y efectos, en aras de reforzar los argumentos de la provincia de Santa Fe.
Expondremos las razones por las que consideramos que el mencionado "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales", no sólo ha perdido vigencia, sino que pretender su aplicación en la actualidad contradice disposiciones constitucionales relativas a la “autonomía provincial”, “la organización federal” y el “régimen de coparticipación” (artículos 1, 5, 75 -incisos 2 y 3-, 121, 12, 123 y concordantes de la Constitución Nacional).

II. Personería
II.1. Conforme lo acreditamos con copia de la certificación emitida por las cámaras y/o con copia del diploma correspondiente respectivo,  los firmantes somos legisladores de la Provincia de Buenos Aires con mandato vigente

III. LEGITIMACION – INTERÉS
III.1. En tanto funcionarios públicos electos, de rango constitucional, es de nuestro interés la efectiva y plena vigencia de la Constitución Nacional. No estamos peticionando judicialmente, sino expresando una opinión fundada que pueda servir para la solución del conflicto que se plantea en este proceso.
III.2. Nuestro interés consiste en acompañar elementos de juicio que puedan demostrar que la situación que se plantea en la Provincia de Santa Fe en relación a la aplicación del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales", es similar a la que se plantea en la Provincia de Buenos Aires, afectándose así las “autonomías provinciales”, “sistema federal” y el “régimen constitucional de coparticipación”.
III.3. El aporte que podemos realizar consiste en:
Exponer el derecho local de la Provincia de Buenos Aires, que no es conocido por la Corte Suprema de Justicia desde que no se publica en el Boletín Oficial de la Nación.
Exponer las alteraciones que se suscitaron en las causas que dieron origen al Acuerdo de 1992, no pueden ser soslayadas por el Superior Tribunal al momento de sentenciar en la causa Santa Fe.
Explicar el impacto financiero que, en la aplicación del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales", le  produjo a la provincia de Buenos Aires y a las demás Provincias suscriptoras del el Acuerdo de 1992.
Exponer los diversos proyectos de ley en tratamiento ante la Legislatura provincial dirigidos a denunciar el "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" de 1992.
Ello con el objeto de acercar a este Tribunal elementos de juicio que permitan formar su conocimiento en aras de resolver en forma justa el pleito que se dirime en este proceso.
III.4. Nuestra calidad de legisladores locales revela nuestra idoneidad para explicar la realidad provincial, su normativa y los proyectos en tratamiento ante la Legislatura vinculados al conflicto en cuestión.
III.5. Finalmente, no debe olvidarse que el conflicto de Santa Fé es común a la provincia de Buenos Aires, y la sentencia que aquí se dicte, según cual sea su contenido, puede tener efectos expansivos en las restantes provincias.  Entendemos que el debate no se ha de agotar en la especie, en tanto se abre una discusión sobre todo el sistema de coparticipación federal de impuestos en el ámbito de nuestra Constitución Nacional.
III.6. En este caso concreto en el que pedimos intervenir, se trata de la discusión sobre la pertinencia de retenciones que efectúa el Estado Nacional de fondos líquidos provenientes de impuestos que corresponden a las provincias en razón de un pacto fiscal cuya base fáctica o plataforma de hecho ha devenido abstracta por una decisión del propio gobierno nacional, y consecuentemente, una disputa sobre la devolución a las provincias de los mencionados fondos que comportan una cifra multimillonaria que se traducirá en mayores presupuestos para los servicios esenciales de salud pública, educación, seguridad y justicia de cada provincia.
III.7.  Actualmente el gobierno federal ha reestatizado el sistema previsional argentino, obteniendo de esa manera cuantiosos recursos que le permiten auto abastecerse sin necesidad de detraer de las provincias argentinas un 15% de la masa coparticipable, y sin gestión privada ni financiera, lo que antes podía justificarse por ser el sistema estatal altamente deficitario.
III.8. Ello así, la trascendencia pública e institucional de la cuestión que se debate en estos autos es indiscutida desde cualquier punto de vista que se la examine.

IV. Oportunidad de esta presentacion
IV.1. El artículo 1° del a Acordada 28/04 establece que la presentación del Amicus Curiae debe realizarse “dentro de los quince días hábiles del llamado de autos para sentencia”.
IV.2. Dicho plazo de 15 días hábiles es procesal, y desde el momento que no somos parte en este proceso resulta complejo determinar el momento en que comenzará a correr, ya que no seremos notificados de la providencia de “llamamiento de autos”.
Téngase presente que los firmantes no nos domiciliamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IV.3. No querríamos que las circunstancias expuestas en el apartado anterior conspiren para impedir nuestra presentación.
IV.4. Por ello solicitamos que se reciba esta presentación y a todo evento se la reserve para su tratamiento en la oportunidad prevista en el art. 1° de la Acordada 28/04
Ello sin perjuicio de que en lo inmediato se nos tenga por constituido domicilio procesal.

V. LOS APORTES JURÍDICOS
V. 1. El derecho local de la Provincia de Buenos Aires, que no es conocido por la Corte Suprema de Justicia desde que no se publica en el Boletín Oficial de la Nación.
La provincia de Buenos Aires ha ratificado, a través de la ley provincial nº 11.463 (Sancionada el 28/10/1993 – Promulgada el 18/11/1993 – Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 07/12/1993 – ADLA 1994 –A, 816), las leyes nacionales 24.130 y 24.307, así como todas sus prórrogas.
Como se expuso en la demanda de inicio, la ley 24.130, “estableció la vigencia limitada del convenio hasta el 31 de diciembre de 1993 (cláusula octava) salvando el mantenimiento del compromiso de seguir financiando mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión Social hasta tanto exista una nuevo acuerdo de partes o bien una nueva ley de coparticipación, lo que ocurra primero. Tal convención fue celebrada en esos términos en tanto se procuraba la reforma del régimen y su transferencia global al sector privado (cláusula séptima), transferencia que llegaría con la sanción de la ley 24.241.”
El plazo de vigencia de la ley 24.130, obtuvo numerosas prórrogas que fueron ratificadas en forma disímil por las distintas provincias,  generando un surtido nivel de aceptación y vigencia.
Estos legisladores entienden que las prórrogas dispuestas al pacto ratificado por ley 24.130, reseñadas correctamente por la parte actora y por JORGE PEDRO BUSTI, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos (en su presentación como “amicus cuarie”), no se refieren a la posibilidad que el Estado Nacional descuente el 15% de los recursos de la masa de impuestos coparticipables, sino a los otros aspectos del Acuerdo, asociados a los demás Pactos que se fueron suscribiendo desde entonces.
La última prórroga del “Acuerdo” propuesta por la Nación a través del art. 76 de la Ley 26.078, no fue ratificada por la totalidad de las jurisdicciones, provocando un “mapa asimétrico” en el cumplimiento de obligaciones tributarias a cargo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha generado una confusión acerca de una ley – acuerdo que requiere del compromiso de la totalidad de los Estados que la suscribieron originariamente.
La vigencia de la facultad del Estado Nacional de descontar el 15 % de los impuestos coparticipables está, según la cláusula octava del “Acuerdo”, atada a la existencia de un nuevo acuerdo de partes o de una nueva ley de Coparticipación Federal y naturalmente a la vigencia del acuerdo.
En el orden nacional como en nuestra Provincia en particular se ha generado un estado de confusión e incertidumbre, no sólo acerca de la constitucionalidad de las leyes dictadas en su consecuencia sino también respecto de la necesidad del acuerdo unánime de la totalidad de las Provincias, a la hora de prorrogar los efectos del Acuerdo de 1992 (en lo específico de la detracción del 15% de la masa coparticipable), que a nuestro entender no está vigente, a pesar de su aplicación unilateral por parte de la Nación. Ello, por tratarse de una ley convenio celebrada entre el gobierno nacional y las provincias que necesita indefectiblemente de la ratificación de todos los involucrados para tener plena vigencia, pues se trata de una norma compleja, por su carácter intrafederal.
Sostener lo contrario sería poner en un pié de desigualdad a las provincias en forma arbitraria.
V. 2. Las alteraciones que se suscitaron en las causas que dieron origen al Acuerdo de 1992,  no pueden ser soslayadas por el Superior Tribunal al momento de sentenciar en la causa Santa Fe.
Pero además de lo señalado y sin perjuicio de la letra, es uno de los principios generales del derecho, que el cambio sustancial de circunstancias puede ser una causal de modificación o extinción de los acuerdos de voluntades.   Ya no sólo resulta atendible el argumento esgrimido por la Provincia de Santa Fe, respecto de la inconstitucionalidad del art. 76 de la Ley 26.078, sino que a ello hay que agregarle esta situación fáctica.
La Ley 26.425 vino a poner fin con el régimen previsional de “capitalización” que fuera una de las causales que dieran origen al Acuerdo de 1992 (Santa Fe lo explica muy bien).  Ésta en su art. 1 dispuso:
“Dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley”.
El Congreso Nacional vino a modificar el panorama previsional absolutamente. Sin ingresar en cálculos complejos sobre la sustentabilidad intergeneracional del sistema, lo cierto es que la Ley Nº 26.425 modificó radicalmente el panorama legal y económico-financiero. En efecto, con la sanción de esta ley, la Nación cambió fundamentalmente su situación a cómo era la situación previsional originaria en 1992, fecha en la que se pactó el 15% de detracción de la coparticipación. En 1992 la Nación: (a) tenía un stock de deuda inmanejable; y (b) se quedaba sin flujo de fondos ya que los ingresos corrientes por aportes y contribuciones pasarían, centralmente, a las administradoras privadas de los fondos de pensión.  Por tales razones se pactó que las Provincias absorbieran los costos de sustitución del sistema. A partir de la Ley Nº 26.425, en cambio, el perfil del sistema previsional es absolutamente distinto. En 2008 la Nación: (a) se apropió de un stock de activos valuados en unos USD 25.000 millones –que conformaban los activos netos del sistema privado de jubilación; (b) recuperó la totalidad de los flujos de aportes y contribuciones; (c) adquirió tenencias accionarias de magnitud en empresas y conglomerados privados de primera línea.
Más allá de la situación patrimonial y financiera, como simple cuestión de derecho, la detracción perdió su finalidad dado que estaba vinculada inexorablemente a pagar los costos de transición del sistema público al privado. Con total independencia de los beneficios recibidos y de la sustentabilidad a largo o larguísimo plazo del sistema, lo cierto es que nadie tiene que contribuir a financiar costos de sustitución ya que lo público recuperó lo que se llevaba el sistema privado La Nación recibió enormes activos, recuperó un importantísimo flujo de fondos y adquirió tenencias accionarias de magnitud en grandes  corporaciones privadas. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de financiar una transición que ya no existe y que fue liquidada por la sanción de la Ley 26.425.
No puede sostenerse la vigencia del “Acuerdo” luego del magnifico cambio de circunstancias.
V. 3. El impacto financiero que, en la aplicación del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales", le  produjo a la provincia de Buenos Aires y a las demás Provincias suscriptoras del el Acuerdo de 1992.
Comenzaremos por analizar la situación financiera del Sistema Previsional Nacional desde 1992 hasta 2011.
Un análisis financiero permite observar claramente el impacto del acuerdo de 1992.
Hasta 1992 no existían contribuciones figurativas, por lo que el sistema se financiaba con aportes y contribuciones más impuestos afectados.
A partir de 1992 comienza la reducción de aportes patronales que se financia con nuevas afectaciones de IVA y Ganancias; a lo que se suma a partir del tercer cuatrimestre la contribución del 15% de la masa coparticipable.
El cambio  en las condiciones fácticas que llevaron al Acuerdo de 1992.
Al iniciar el proceso de reforma previsional, un proceso de reducción de aportes patronales, sumado a la resignación de aportes personales dirigidas a las AFJP justificaron el financiamiento con recursos provenientes de otras fuentes, como afectación de la coparticipación.
Sin embargo a partir de la sanción de la Ley 26.425 se modifican significativamente las condiciones fácticas que llevaron a la firma del acuerdo.
A partir de 2008 se deroga el Sistema de Capitalización, ANSES recupera por un lado el flujo de aportes con efectos hacia el futuro, y además recupera el Stock de aportes acumulados en las cuentas de capitalización que pasan a conformar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyos rendimientos engrosan los recursos corrientes.
Asimismo comienza las ANSES a afrontar gastos extra prestaciones previsionales, como pro ejemplo a partir de 2009 financia el programa Conectar e Igualdad y la Asignación universal por Hijo.
Aún contemplando estas erogaciones la reversión parcial de la reforma previsional resulta suficiente para el financiamiento de las instituciones de Previsión Social con todas las prestaciones actuales sin necesidad de Contribuciones Figurativas.
Las Ejecuciones Presupuestarias del Sistema de previsión social refleja claramente las circunstancias antes mencionadas.
En 1992, antes de la vigencia del acuerdo y de las reducciones de aportes patronales, el sistema se autofinanciaba, para el nivel de prestaciones vigentes.
La firma del pacto posibilitó reducir aportes que se financiarían con la afectación de la coparticipación.
La evolución a partir de la creación del sistema de capitalización, con la consecuente pérdida de contribuciones personales destinadas a las AFJP, comenzó a compensarse con los recursos provenientes del Acuerdo. Se observa un tramo descendiente en los montos percibidos por contribuciones al sistema público. En 1997 ese monto representaba el 80% de lo percibido en 1994 (en valores corrientes). Claramente se puede inferir que, más allá de cualquier interpretación normativa, el aporte referido financia el cambio de régimen.
Por otro lado a partir de la vigencia de la ley 26.425 se observan cambios estructurales en los recursos del sistema. Por un lado se recupera el flujo de aportes que antes se dirigían a las AFJP.
Por otro lado, el Stock acumulado en cuentas de capitalización pasa a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que pasa a generar ingresos corrientes en concepto de rentas de la propiedad.
El análisis financiero muestra que el sistema comienza a mostrar significativos excedentes financieros, aún antes de recibir los fondos de la Coparticipación.
Por otro lado, dado que el destino del 15% de la masa coparticipable era las prestaciones previsionales Nacionales y Otros gastos operativos, sin entrar en interpretaciones de dichos conceptos resulta pertinente cuantificarlos antes y después de la ley 26.425.
Si consideramos el año 2008, esos conceptos significaban el 90% del total de erogaciones; pero en 2011 esa participación se redujo al 80%, lo que cuantifica el gasto en otros conceptos que fueron posibilitados a partir de los excedentes antes mencionados.
Producto del análisis de ambos elementos (vgr, necesidades de financiamiento de instituciones de seguridad Social y Detracción de 15% de la masa coparticipable) se concluye que el destino real de los fondos detraídos es financiamiento de la Administración Central y no de las prestaciones previsionales.
Desde 2009 a 2012 (estimado, el conjunto de las provincias aportó, mediante resignación de coparticipación por un monto superior a 57000 millones de pesos, La Nación por el mismo concepto resignó  poco más de42000 Millones. Pero el sistema previsional generó excedentes de los cuales fueron cedidos a nación 79000 millones bajo la forma de erogaciones figurativas.
 Estos datos muestran que desde el año 2009, a partir de la unificación del sistema de reparto la asignación de la masa coparticipable lejos de financiar las prestaciones previsionales financia transferencias en favor del Gobierno nacional.
Si analizamos con más detalle la situación particular de la provincia de Buenos Aires los números también resultan significativos.
La provincia de Buenos Aires, que paradójicamente acaba de tomar deuda con ANSES por 600 millones, resulta ser quien aporta los recursos para el sistema Previsional por un monto que anualmente representaría 8 veces lo tomado.
Este escueto análisis muestra el impacto financiero del cambio de condiciones, a la vez que ilustra la extinción de los motivos que originaron la firma del acuerdo, en cuanto al financiamiento de las prestaciones previsionales y otros gastos operativos.
V. 4. Los diversos proyectos de ley en tratamiento ante la Legislatura provincial dirigidos a denunciar el "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" de 1992.
A continuación enumeraremos los distintos proyecto de ley que en ambas Cámara Legislativas, denuncian el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” de 1992, los que pueden consultarse en las páginas institucionales de Internet de ambas Cámaras, a saber:  E-188/12-13; E-0192/12-13, E-191/12-13; F 33 11/12, todos de trámite parlamentario en el H. Senado de la Provincia de Buenos Aires.;  Proyecto D 1995/12-13, de trámite en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

VI. CONCLUSIONES
VI. 1. Estos legisladores entienden que por su naturaleza, el "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" de 1992, no puede tener vigencia en tanto no sea ratificado en todos sus aspectos por la totalidad de las provincias Argentinas.
VI. 2.  Los presupuestos por los cuales el Estado Nacional retiente el 15 % de los recursos coparticipables ya no existen.  Perdió su fundamento jurídico, factico y ético.  Entendemos que el “Acuerdo” ha caducado  por haber cambiado sustancialmente las circunstancias en las que fue celebrado.
VI. 3.  La situación económico financiera del Anses es superavitaria y los fondos descontados a las provincias son utilizados para otros fines que los previstos y no para sostener el sistema de reparto.

VII. AUTORIZACIONES.   Se autoriza a los abogados Leticia Sofía Vazquez; Patricia Susana Balde; y Alejandro Berra a tomar vista del expediente, sacar copias del mismo,  presentar escritos, diligenciar oficio y todo otro trámite necesario para compulsar el expediente.

VIII.- PETITORIO.
Esperando que nuestro aporte pueda contribuir con una justa resolución del caso, a V.E. solicitamos:
1.- Se tenga por constituido domicilio procesal
2.- Se tenga a los firmantes como amicus curiae en esta causa, a todo evento se haga lugar a lo peticionado en el apartado.
3.- Se tengan en cuenta los argumentos expuestos en el presente documento y se resuelva de acuerdo a derecho.
PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA