Cuatro años perdidos en seguridad ~ Tati Meckievi

18 de abril de 2014

Cuatro años perdidos en seguridad

Esta semana el Ministerio de Seguridad de la Provincia firmó un convenio con las agencias de seguridad privada por orden del Gobernador Scioli. El objetivo del acuerdo, en el marco de la emergencia en seguridad declarada el 5 de abril de este año, es (según informaciones periodísticas) potenciar las acciones de prevención del delito.
Según publica el diario El Día de La Plata, “los vigiladores estarán obligados a alertar a la central de emergencias 911 cuando presencien un hecho delictivo o estén frente a una situación sospechosa de terminar en un ilícito.” Con esta acción se estarían sumando 50 mil vigiladores a las tareas de prevención.
Si bien celebro este emprendimiento del ejecutivo bonaerense, me da lástima saber que desde el 18 de mayo de 2010 un Proyecto de Ley con características muy similares, aunque más amplias, espera a ser tratado en la Comisión de Seguridad del Senado Provincial.
Se trata del expediente E 2/10-11 que propuse hace cuatro años para regular la prestación de servicio de las empresas de Seguridad Privada. En el mismo se contemplaba realizar un reordenamiento del área ocupada del control de esa actividad dentro del Ministerio de Seguridad. Además, proponía crear desde ese espacio una suerte de curso de formación para los agentes de vigilancia privada.
Pero lo más importante (y que recién ahora el Gobernador Scioli toma en cuenta) es que considerando que en aquel momento las agencias de seguridad privada contaban con alrededor de 60.000 hombres (aunque extraoficialmente el número ascendia a 150.000), mientras que la Policía Bonaerense enfilaba a 54.000 efectivos, estipulábamos:
“ARTICULO 5°: OBLIGACION DE COLABORACIÓN. Las empresas prestadoras de Servicios de Seguridad Privada tendrán la obligación de auxiliar a las Fuerzas de Seguridad Policiales en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas y/o bienes de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.
En caso que la Policía de la Provincia de Buenos Aires requiera intervención sobre los bienes y personas objeto de su custodia las prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, deberán poner a disposición de la autoridad pública todos los recursos materiales y humanos disponibles.
En tal caso actuarán bajo las órdenes y responsabilidad de la autoridad pública.
El personal y bienes de las prestadoras quedará a cargo de la Autoridad Policial ,  por el menor tiempo necesario. 
Durante este tiempo excepcional, regirá el convenio colectivo de trabajo.
La normativa, además, buscaba la implementación de un sistema de comunicación directa de todas las denuncias de hechos efectuadas por personal de servicio de seguridad privada, que se refieran a personas o bienes objeto de su custodia pero también sobre hechos que pueda afectar a otras personas o bienes. Con la finalidad de canalizar efectivamente una pronta respuesta por medio de la asistencia de personal policial.
Incluso, en la fundamentación del Proyecto, argumentábamos:
El avance tecnológico, hizo surgir un sinfín de prestaciones de servicios que hacen a la seguridad, hablamos de sistemas de rastreo y monitoreo satelital, sistemas de alarmas monitoreadas de centrales, rastreos de vehículos y cargas, etc. Estos servicios brindados en debida forma podrán ser de una ayuda importante en la prevención, persecución y represión delictiva que puedan llevar a cabo las autoridades policiales, y por ello la ley propuesta las incorpora.”
Esto es una nueva demostración de que el Gobernador Daniel Scioli va siempre un paso detrás de los intereses de los bonaerenses. Esta medida, y la de la emergencia en seguridad, podría (y de hecho debía) haberse aplicado hace mucho tiempo ya, de manera de haber frenado un poco el avance de la inseguridad en la Provincia. Pero al parecer, hay otras cuestiones más urgentes que atender, como la carrera presidencial por ejemplo.