Defensoría del Pueblo de Bolivia ~ Tati Meckievi

16 de octubre de 2014

Defensoría del Pueblo de Bolivia

La Defensoría del Pueblo en Bolivia es un organismo nuevo, creado por la nueva Constitución, que tiene funciones más amplias y de mayor fortaleza que el organismo con igual denominación que existe en nuestro país.
El defensor es designado por la Asamblea Legislativa con dos tercios de los votos y dura seis años en la función, siendo propuesto por el Presidente de la República .
Fuimos recibidos por su titular, Dr. Rolando Villena y sus colaboradores, quienes nos impusieron del funcionamiento de este organismo, que esta facultado para recurrir ante la justicia, para objetar actos de gobierno y también para censurar la falta de cumplimiento de las normas. Sus sanciones no son coercitivas, tienen alto valor ético.
Nos señalaban que luchan contra el debilitamiento de las Instituciones del Estado y contra la confusión entre lo público y lo privado en que suelen incurrir los funcionarios del Estado.
Uno de sus objetivos es trabajar sobre la defensa de los derechos humanos, violencia de género y derechos electorales de las distintas comunidades bolivianas.
Bregan por el cumplimiento de las leyes, procurando que la democracia no se resuma al acto electoral del sufragio sino en la profundización de la participación ciudadana.
En la temática electoral nos señalaban que el 44% de la población es joven, que el 52% son mujeres.
En estos aspectos hacen hincapié en la necesidad de que la democracia sea un instrumento para transparentar la gestión, que exista vocación y no se constituya en un instrumento para instalarse en el poder sino para que avance el pueblo.
A la democracia hay que “cualificarla”, si dejamos que solo sea una fiesta electoral crearemos un escenario de autoengaño.

Elección Popular de los Jueces
También dialogamos con el Defensor sobre el mecanismo establecido por la nueva Constitución Boliviana pensado como respuesta a la crisis de un sistema aristocrático corrupto de elección de jueces.
Con notable audacia se estableció un sistema con pocos antecedentes en el mundo para la elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional Supremo de Justicia, para el Tribunal Agroambiental y para los miembros del Consejo de la Magistratura.
Lamentablemente la impresión recogida sobre este tema, y compartida por los funcionarios, es que este procedimiento no resolvió los inconvenientes que se procuraban salvar, manteniéndose los intereses sectoriales, la falta de independencia y demás vicios que desnaturalizan su función.
El mecanismo prevé que quien se postule se presente ante un Comité electo por la Asamblea Legislativa cumpliendo una serie de requisitos formales como ser abogado, tener 10 años de ejercicio, etc.
Luego esta Asamblea decide quienes pueden ser postulados de todos los que se presentaron. Posteriormente son electos sin que pueda haber campaña publicitaria o partidaria, pero va de suyo que la gente no logra conocer a los candidatos, ni puede evaluar sus condiciones.
Los intereses que desnaturalizan la transparencia operan en oportunidad de definir quién se puede postular y quien no, como así también en apoyar ciertas y determinadas postulaciones conforme a sus intereses.
La justicia percibe un 0,3% del presupuesto.
Es decir que la justicia sigue casada con el poder, sin haber logrado la anhelada independencia.
Un tema muy significativo es compatibilizar el sistema de justicia del Estado con la justicia de los pueblos que conforman las otras naciones: Aymará, Guaraní, Quechua, etc, donde, como podemos observar en las imágenes, es común ver en determinados barrios un muñeco colgado, uno de los cuales tenía una leyenda que decía “Ladrón pillado será quemado”, actitud que se lleva a cabo según nos manifestaban las personas consultadas, cuando la gente lograba detener por ejemplo a un violador y, si de un ladrón se trataba, era golpeado por los vecinos antes de ser entregado a las autoridades, siendo ésta una práctica más frecuente de lo imaginado en ciertos sectores de la sociedad.